Instituciones acarreaban a pacientes de regiones a Santiago y les solicitaban realizarse exámenes clínicos y de imagenología que no necesitaban. Luego cobraban al seguro el costo de la atención. Fraude asciende a $ 148 millones.
Las personas se enteraban por la radio de que un centro de salud en Santiago realizaba exámenes de densitometría ósea y ecotomografía mamaria gratuitos. Las personas sólo tenían que pagar el traslado, que costaba 7.500 pesos.
Una vez en la capital, los esperaba un minubús que los trasladaba hasta un centro médico ubicado en la comuna de Providencia. Allí, los pacientes eran revisados por dos médicos. Al salir de la consulta, una secretaria les entregaba la orden médica para hacerse los exámenes y les pasaba el dinero para comprar los bonos. Cuando las personas llegaban con el documento, la atención se realizaba. Los resultados eran comunicados 10 días después.
Hasta allí la historia suena atractiva. No obstante, detrás de ella se esconde un modus operandi que utilizan algunos profesionales y centros médicos para defraudar al Fisco.
Una indagación realizada por Fonasa, en febrero de este año, detectó que siete prestadores de salud privados realizaron, entre octubre y diciembre de 2009, atenciones por sobre lo normal. De hecho, sólo uno de ellos registró 25 exámenes de densitometría ósea y ecotomografía mamaria en un día, a un grupo de pacientes provenientes de la ciudad de Linares.
La mayoría de esos test de diagnóstico no eran necesarios. Lo que se hacía era reclutar gente, especialmente de regiones. Así respaldaban las órdenes médicas y cobraban al seguro de salud el valor de los exámenes realizados. Según Fonasa, el monto defraudado asciende a los $ 148 millones.
Si bien no se entregaron los nombres, trascendió que algunos de esos centros de salud están ubicados en Providencia, Ñuñoa y Maipú, y ya habían sido sancionados en 2005 por los mismos hechos, oportunidad en que se les aplicó una suspensión de funcionamiento por 60 días y una multa de 150 UF.
Por tratarse de reincidencia, Fonasa los sancionó con el cierre del registro y una multa de 200 UF (equivalentes a $ 4.120.200), además del reembolso de las prestaciones defraudadas. Consultado al respecto, el director de Fonasa, Mikel Uriarte, indicó que “estamos evaluando la presentación de los antecedentes al Ministerio Público, una vez que termine el proceso administrativo”.ç
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